El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.